Escuela Judicial: 30 a–os al servicio de la Justicia costarricense

 

Marvin Carvajal PŽrez

Director de la Escuela Judicial

 

Hace m‡s de cuatro dŽcadas, el licenciado don ƒdgar Cervantes Villalta, cuyo nombre lleva orgullosa la Escuela Judicial, dio los primeros pasos para llevar adelante su sue–o de aportar decisivamente al progreso de la Administraci—n de Justicia, mediante el mejoramiento constante de sus cuadros, fruto de la formaci—n y la capacitaci—n. En 1981, ese esfuerzo inicial se vio plasmado en la creaci—n formal de la Escuela Judicial, cuya ley constitutiva entr— en vigencia hace 30 a–os.

A lo largo de estas dŽcadas, la Escuela Judicial ha ido evolucionando en forma sostenida. Hoy en d’a, se trata de una organizaci—n acadŽmica l’der en IberoamŽrica, referente en todos los procesos de formaci—n que lleva a cabo el Estado costarricense en sus diversas instituciones. Lo m‡s importante, constituye un baluarte en que recae una parte importante de la responsabilidad por la calidad de los servicios que presta el Poder Judicial a la ciudadan’a nacional. La Escuela ha participado en forma activa en todos los procesos de cambio promovidos por el Poder Judicial para asegurar el cumplimiento de los deberes que le impone el art’culo 41 de la Constituci—n Pol’tica, desde la implementaci—n de la oralidad hasta la promoci—n de los medios alternos de soluci—n de conflictos.

Hoy d’a, la Escuela Judicial ha logrado la sistematizaci—n program‡tica de su oferta formativa, enfoc‡ndose en la atenci—n de las m‡s urgentes necesidades de la Justicia costarricense. En primer tŽrmino, ha desarrollado el Programa de Formaci—n Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ), mediante la cual se forma durante un a–o a las personas que buscan ingresar a la Carrera Judicial, dot‡ndolas de las herramientas necesarias para el —ptimo desempe–o de su cargo. Ya ha iniciado el Programa de Especializaci—n, dirigido a juezas y jueces en ejercicio, para mejorar sus capacidades en temas de relevancia estratŽgica, cuya desatenci—n por parte de la Escuela podr’a favorecer la ocurrencia de errores judiciales. El Programa de Actualizaci—n, dise–ado para responder a la evoluci—n del ordenamiento, as’ como de la propia disciplina del Derecho y de la realidad objeto del control jurisdiccional. El Programa de investigaci—n, mediante el cual detectan las principales necesidades de atenci—n para el fortalecimiento de la Justicia, al tiempo que se ensayan metodolog’as novedosas de formaci—n y capacitaci—n en el ‡mbito judicial.

Se ha llevado a cabo un intenso proceso de regionalizaci—n, para democratizar el acceso a la capacitaci—n judicial y se ha propiciado el uso intensivo de la tecnolog’a, con la evidente consecuencia de lograr mejores resultados con un uso responsable de los recursos a su cargo. Ha asumido voluntariamente el reto de formar por competencias, es decir, de no ense–ar repitiendo el conocimiento te—rico, sino buscando el desarrollo de los saberes, habilidades, destrezas, valores y actitudes, propios de quien ejerza esa alta funci—n en el Estado de Derecho. Ha hecho uso de las herramientas del constructivismo, es decir, de la educaci—n basada en la pr‡ctica (en la construcci—n del conocimiento) para asegurar a la instituci—n y al pa’s, que cada col—n invertido en la formaci—n y capacitaci—n judiciales, redituar‡ en beneficios reales y tangibles para una sociedad con crecientes y cada vez m‡s complejas necesidades de Justicia.

En el plano internacional, la Escuela Judicial es exportadora de conocimiento. Los poderes judiciales de la regi—n se nutren frecuentemente de los cursos y programas desarrollados en Costa Rica. Asimismo, por su participaci—n activa en varios foros internacionales, la Escuela ha recibido la ayuda invaluable de diversas potencias en el campo de la formaci—n judicial (como Espa–a, Francia y Colombia, entre otros), para la construcci—n de su propio modelo educativo. Es integrante de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, dentro de la cual lidera (junto con Brasil y MŽxico) el proyecto para la reducci—n de la brecha digital en la capacitaci—n judicial. Muy recientemente, el Consejo Judicial Centroamericano design— a la escuela costarricense, sede del Centro de Capacitaci—n Judicial para CentroamŽrica y el Caribe, lo que reafirma su liderazgo indiscutido en el ‡mbito regional.

Tenemos muy claro que la Justicia aun dista de ser un servicio pœblico de la m‡s alta calidad; que muchas personas deben esperar a–os por una resoluci—n que en ocasiones es revocada o anulada por una instancia superior o que no es f‡cilmente ejecutable. La responsabilidad para mitigar este mal cabe a toda la sociedad: a los centros universitarios, que deben mejorar continuamente sus planes de estudio y formas de ense–anza. A las personas que ocupan el cargo de juez o jueza de la Repœblica, pues les corresponde el deber de actualizarse permanentemente, de buscar su superaci—n y el perfeccionamiento constante de su trabajo. Al Estado, que a travŽs de la Escuela Judicial, est‡ en la obligaci—n de brindar a la persona juzgadora, las mejoras herramientas para el desempe–o eficaz de su funci—n.

Si bien falta mucho por hacer en ese camino hacia la excelencia en la Administraci—n de Justicia, consideramos que la Escuela Judicial, en estos treinta a–os, ha sentado bases s—lidas para la construcci—n de una jurisdicci—n de calidad, gracias a la variedad y pertinencia de sus distintos programas de formaci—n y capacitaci—n. Esto nos obliga a continuar luchando, desde las aulas de la Escuela, por el ideal una Justicia pronta, cumplida y sin denegaci—n, democr‡tica, inclusiva y transformadora.